Gobierno boliviano canaliza información ante señalamientos de EE.UU. contra el fiscal general Roger Mariaca
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El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, indicó que el Ejecutivo solicitará a través de la Cancillería detalles oficiales sobre las acusaciones del Departamento de Estado contra el fiscal general y advirtió que no existirá protección política ni condenas anticipadas.
El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano Urenda, se refirió este martes a las recientes medidas adoptadas por el Departamento de Estado de Estados Unidos en contra del fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señalando que estos señalamientos podrían derivar en un proceso judicial y en una eventual solicitud de extradición, aunque puntualizó que este último aspecto es de entera competencia de las autoridades norteamericanas.
En una conferencia de prensa, la autoridad gubernamental explicó que el Ejecutivo ya se encuentra gestionando requerimientos a través de los canales diplomáticos formales para acceder a información oficial y a los elementos probatorios que sustenten las acusaciones emitidas desde Washington, las cuales apuntan a presuntos actos de corrupción y vinculaciones con el narcotráfico.
«Lo que estamos haciendo en este momento es hacer las consultas vía Cancillería», manifestó Justiniano, al tiempo de recalcar que las imputaciones públicas formuladas por el gobierno estadounidense no constituyen, por sí mismas, una sentencia judicial firme.
Frente a la crisis institucional generada por esta situación, el ministro marcó una postura clara basada en dos pilares: evitar la impunidad y garantizar el debido proceso. «No va a haber ninguna protección política para nadie, no va a haber tampoco una condena anticipada», aseveró con firmeza.
Asimismo, Justiniano destacó la importancia de la cooperación internacional en la lucha transnacional contra el crimen organizado y la corrupción. A su criterio, la defensa de la soberanía nacional no debe ser una excusa para desestimar reportes de países socios, sino una oportunidad para verificar datos con absoluta transparencia y actuar conforme a las leyes bolivianas.
«Defender la soberanía no significa ignorar con claridad información seria, proveniente de un socio. Significa recibir esa información, hay que verificarla y hay que decidir en Bolivia, mediante instituciones bolivianas y conforme a la ley boliviana también», enfatizó.
Finalmente, el titular de Defensa reflexionó sobre la necesidad de realizar una evaluación estructural de toda la cadena de persecución penal en el país, incluyendo a la Policía Boliviana, el Ministerio Público y el Órgano Judicial, advirtiendo que los esfuerzos en la lucha contra la inseguridad y el narcotráfico resultan insuficientes si las instancias judiciales otorgan libertad inmediata a delincuentes peligrosos.
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