EE. UU. revoca la visa al fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, y lo acusa de corrupción y vínculos con el narcotráfico
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El Departamento de Estado de EE. UU. señaló a Roger Mariaca por presuntos sobornos para facilitar el narcotráfico e impuso restricciones migratorias a 27 funcionarios latinoamericanos y sus familiares.
En una contundente medida que sacude la coyuntura política y judicial del país, el Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió este lunes una fuerte acusación contra el fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, a quien señala formalmente de haber recibido sobornos para facilitar actividades de narcotráfico y encubrir a criminales violentos.
Como parte de una estrategia regional impulsada por la administración del presidente Donald Trump bajo la iniciativa «Escudo de las Américas», Washington decidió revocar las visas de 27 funcionarios, exfuncionarios y familiares en América Latina. La medida punitiva alcanza no solo a Bolivia, sino también a actores clave en Colombia, Ecuador y Perú.
En Bolivia se revocaron las visas a las siguientes personas y sus familiares:
- Martín Daniel Irusta Flores, Fiscal Superior
- Albania Chane Caballero Saavedra, Primera Jueza Investigadora Anticorrupción y contra la Violencia hacia las Mujeres en el Departamento de Santa Cruz, Bolivia
- Alberto Zeballos Flores, Fiscal Titular de Santa Cruz
- Rosario Ximena Flores Paniagua, Jueza de Instrucción Penal en el Departamento de Santa Cruz
- Iván Manolo Lima Magne, exministro de Justicia y Transparencia Institucional
- Álvaro Mauricio Nava Morales, Actual Fiscal Superior y Ex Fiscal Departamental de Chuquisaca, Bolivia
- Israel Ramiro Campero Méndez, Magistrado Constitucional
- Alberto Samuel Soto De La Vía, expresidente ejecutivo de la Aduana Nacional
- Iván Ramiro Campero Villalba, ex Magistrado Suplente de la Corte Suprema
- Rodrigo Aldo Vedia Espinoza, Juez del Primer Juzgado de Instrucción Penal de La Guardia
- Frans William Cabrera Quispe, Coronel, Policía Boliviana
- José Luis Iriarte Cussi, empresario Privado
Según el comunicado oficial emitido por el secretario de Estado, Marco Rubio, las acciones de Mariaca «ponen en peligro los esfuerzos para combatir el narcoterrorismo y socavan las instituciones democráticas». La administración norteamericana sostiene que el fiscal general abusó de su alto cargo público para obstaculizar el Estado de derecho.
El paquete de sanciones y restricciones migratorias en territorio boliviano no se limita únicamente a la máxima autoridad del Ministerio Público. Documentos oficiales revelan que la medida afecta a más de 20 operadores de justicia en Bolivia, entre fiscales y jueces, a quienes se les ha cancelado la visa vigente o se les negará el ingreso a Norteamérica en futuras solicitudes.
Esta decisión se da en un contexto en el que el Gobierno estadounidense busca endurecer su política exterior contra la corrupción transnacional y el narcotráfico, advirtiendo que no tolerará acciones que amenacen la seguridad hemisférica, incluso en naciones con cuyos líderes mantiene afinidad diplomática. Hasta el momento, se aguarda un pronunciamiento oficial por parte de la Fiscalía General del Estado en Bolivia frente a estas graves sindicaciones internacionales.
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