Avanza ley antibloqueos en Diputados: plantean hasta 10 años de cárcel y sanciones agravadas para autoridades
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La Comisión de Justicia Plural aprobó el proyecto que tipifica la obstrucción de vías como delito grave y sanciona la inacción de autoridades ante conflictos sociales.
LA PAZ – En un paso clave hacia el endurecimiento de las normativas contra la interrupción de vías, la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados aprobó este jueves el proyecto de Ley 070/2025-2026 de libre transitabilidad y protección del pueblo boliviano. La propuesta legal establece drásticas sanciones penales para quienes ejecuten bloqueos de rutas, así como responsabilidades estrictas para aquellas autoridades que omitan la resolución de conflictos dentro de su jurisdicción.
El presidente de la instancia legislativa, el diputado Manolo Rojas, detalló que la normativa introduce el nuevo tipo penal de «obstrucción grave a las rutas públicas». Bajo esta figura, los infractores que corten el tráfico vehicular se enfrentarán a penas privativas de libertad que oscilarán entre los tres y los 10 años de cárcel, dependiendo de la gravedad de la afectación ocasionada.
Asimismo, el proyecto contempla un acápite punitivo dirigido a los servidores públicos. El diputado Omar Muriel explicó que las autoridades que reciban notificaciones sobre un conflicto social contarán con un plazo improrrogable de 15 días hábiles para atender la demanda o derivarla a la instancia competente. En caso de inacción, el delito de incumplimiento de deberes sufrirá una agravante de dos tercios, elevando la condena potencial hasta los seis años y dos meses de presidio.
Los legisladores aclararon que la medida no busca coartar el derecho constitucional a la protesta, la cual se mantendrá garantizada siempre y cuando se desarrolle de manera pacífica y sin vulnerar los derechos de terceros al libre tránsito y al trabajo.
El documento aprobado es el resultado de la unificación de 10 propuestas legislativas previas. Durante su fase de análisis en comisión, se evaluaron un total de 72 observaciones y respaldos provenientes de distintos sectores. Tras su visto bueno en esta instancia, el proyecto de ley fue remitido al pleno de la Cámara de Diputados para su debate y eventual aprobación. Los detalles operativos para su implementación en el territorio nacional serán definidos posteriormente mediante un decreto supremo.
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