Litigio cementero escala a la CAN: Soboce pide frenar el pago de Bs 744 millones a Fancesa por supuesta vulneración a la seguridad jurídica
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La Sociedad Boliviana de Cemento acudió a la Secretaría General de la Comunidad Andina para suspender la millonaria ejecución judicial, denunciando discriminación y un quiebre en las reglas de inversión extranjera.
En un giro clave dentro de uno de los diferendos judiciales más prolongados del empresariado nacional, la Sociedad Boliviana de Cemento S.A. (Soboce) formalizó un reclamo ante la Secretaría General de la Comunidad Andina (SGCA). La compañía exige la suspensión inmediata de la sentencia que le ordena abonar más de 744 millones de bolivianos a la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), al advertir una flagrante vulneración de la seguridad jurídica y del régimen de inversiones subregional.
La empresa recurrió a esta instancia internacional como un mecanismo de salvaguarda tras más de una década de litigios que, según sus representantes, acumulan vicios procesales y responden a motivaciones políticas originadas tras la expropiación de sus acciones en Fancesa durante el año 2010.
Ricardo Barrientos, gerente nacional de Administración y Finanzas de Soboce, sostuvo que el proceso de competencia desleal responde a una estrategia de presión. “La demanda no fue una coincidencia. Fue armada como herramienta de presión para intentar obligarnos a negociar el monto de la expropiación”, declaró, al tiempo de cuestionar que se hayan otorgado a Fancesa prerrogativas estatales, como la inembargabilidad de bienes, impropias de una Sociedad Anónima.
Por su parte, el asesor internacional de la cementera y expresidente del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCAN), Hugo Gómez, explicó que las autoridades judiciales bolivianas infringieron el principio de “trato nacional” contemplado en la Decisión 291. Según el jurista, el Auto Supremo que ratifica la condena rompe las reglas de competencia en igualdad de condiciones al beneficiar indebidamente a la cementera chuquisaqueña.
Con la presentación de este recurso, la defensa de Soboce busca que el TJCAN determine la responsabilidad del Estado boliviano en el caso y frene la ejecución coactiva mientras se evalúa el fondo de la controversia. Desde la compañía advierten que este fallo sienta un precedente negativo que erosiona severamente la confianza de la comunidad internacional en el clima de inversiones del país.
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