El negocio redondo del contrabando: Los vacíos del Decreto 4910 y el impacto de los 120 litros en bidones
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Filas interminables y la brecha de precios impulsan el tráfico ilegal de gasolina en Bolivia. A la sombra de la normativa vigente, clanes familiares y contrabandistas exprimen el límite de 120 litros mensuales por persona, golpeando la economía nacional y disparando la inflación en regiones como Chuquisaca.
Las largas filas en los surtidores del país se han convertido en el paisaje cotidiano de una crisis que evoluciona silenciosamente. Mientras persiste el contrabando de carburantes, es un secreto a voces que la cotización del diésel ha provocado una migración delictiva hacia el tráfico de gasolina. Con un precio subvencionado de casi 7 bolivianos por litro frente a los cerca de 18 bolivianos del promedio internacional, el combustible se ha transformado en el botín más codiciado por las redes de contrabando.
Bajo el pretexto de la subsistencia diaria, miles de personas encuentran un negocio lucrativo en la reventa ilegal. El epicentro del problema legal radica en el Decreto Supremo Nº 4910, promulgado en abril de 2023 por el presidente Luis Arce y su gabinete. La normativa prohíbe la venta en bidones mayores a 120 litros mensuales sin autorización, pero en la práctica, este margen se ha convertido en una permisividad explotada por clanes enteros.
Para ilustrar el impacto, una familia de seis integrantes puede adquirir de forma legal hasta 720 litros mensuales (120 por persona) pagando poco más de 5.000 bolivianos. Al revender el carburante en el mercado negro a un promedio de 17 bolivianos por litro, los ingresos superan los 12.000 bolivianos, dejando ganancias netas que rozan los 7.200 bolivianos por ciclo familiar, un cálculo conservador si se consideran los resquicios normativos que permiten autorizaciones de hasta 5.000 litros a través de Sustancias Controladas.
Este escenario genera una fuga inmesurable de recursos y distorsiona el mercado interno. En departamentos como Chuquisaca, la situación se agrava con la llegada de motorizados con placas de otras regiones que no tributan localmente, profundizando una crisis que repercute directamente en el bolsillo de los ciudadanos. De hecho, Sucre registra actualmente una de las inflaciones más altas del país, un reflejo directo del encarecer de la vida provocado por estas distorsiones.
Ante este panorama, especialistas y afectados coinciden en que el control de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) es insuficiente. El delito continuará existiendo mientras persista la abultada brecha de precios con el mercado internacional, lo que obliga a replantear soluciones estructurales como el ajuste a la subvención, la reducción en la capacidad de carga vehicular y la fiscalización estricta de la venta en envases.
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