Asamblea Legislativa aprueba la ampliación del Estado de Excepción por 90 días más en Bolivia
Recibe noticias, actualizaciones y alertas directamente en tu celular.
Unirme ahora
Con el respaldo de 100 legisladores, la medida se extenderá hasta diciembre de 2026 con el objetivo de precautelar el abastecimiento de carburantes, alimentos y garantizar el orden público ante posibles movilizaciones.
La madrugada de este jueves, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) dio luz verde a la ampliación por 90 días del Estado de Excepción por conmoción interna. La decisión, respaldada por 100 de los 158 legisladores presentes, surge a iniciativa del Órgano Ejecutivo a través del Decreto Supremo 5707, dando continuidad al régimen excepcional dictado inicialmente el pasado 20 de junio mediante el Decreto Supremo 5636.
De acuerdo con la normativa aprobada, este nuevo periodo de 90 días calendario comenzará a computarse a partir de la culminación de la fase inicial, extendiendo su vigencia hasta el mes de diciembre.
**Objetivos y justificación del Ejecutivo**
Desde el Gobierno nacional se ha enfatizado que la medida responde a la necesidad imperiosa de prevenir la rearticulación de bloqueos, paros y marchas que afecten la distribución regular de insumos vitales para la población, tales como combustibles, alimentos y medicamentos. Informes presentados por las carteras de Gobierno y Defensa en el pleno legislativo señalaron la persistencia de focos de tensión y recientes cortes de ruta en puntos estratégicos del oriente boliviano, como el puente San Pablo, San Julián, Los Troncos y Cuatro Cañadas.
Asimismo, el Ejecutivo argumentó que la decisión busca resguardar la estabilidad democrática, tomando en cuenta los antecedentes de conflictividad y el seguimiento de organismos internacionales como la Organización de Estados Americanos (OEA).
**Alcance y derechos garantizados**
Ante las dudas sobre el alcance de esta disposición constitucional, las autoridades y la Defensoría del Pueblo recordaron que un Estado de Excepción es una herramienta temporal y extraordinaria para restaurar el orden público, la cual debe regirse estrictamente bajo los principios de legalidad, proporcionalidad y necesidad.
En este sentido, se aclaró que la medida **no implica la suspensión general de los derechos fundamentales**. Las garantías constitucionales, el debido proceso, la libertad de expresión, el acceso a la información y el desarrollo de actividades económicas y laborales se mantienen plenamente vigentes.
Respecto a la libre circulación, esta continúa siendo la regla general en todo el territorio nacional, aunque se prevé la posibilidad de aplicar restricciones temporales y focalizadas en zonas específicas únicamente cuando existan razones de seguridad debidamente justificadas.
Finalmente, la normativa establece un mecanismo de flexibilidad temporal: el régimen excepcional podría concluir antes de cumplirse los 90 días estipulados si el Gobierno constata que han desaparecido las circunstancias de violencia, amenazas a la población y bloqueos que motivaron su declaratoria.
Recibe noticias, actualizaciones y alertas directamente en tu celular.
Unirme ahora
